Capturado presunto disidente de las FARC que habría extorsionado a propietarios de fincas en el Quindío y Tolima a nombre del ELN

                                        Foto: Prensa Fiscalia 

Desde el año 2017, la Fiscalía, a través de la policía judicial CTI adscrita a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, con apoyo del Ejército, detectó la presencia de supuestos disidentes de las Farc, que habrían pertenecido al  Frente 21, de esa guerrilla, estarían  delinquiendo en los departamentos de Tolima y Quindío.

Se presume que su accionar se concentraba en la extorsión a campesinos y habitantes de varios municipios de los departamentos limítrofes.

Gracias al reconocimiento de varios testigos, entre otros elementos de prueba, la Fiscalía logró vincular a una de estas personas, identificada como Álvaro Segundo Suárez Rubio, quien sería cabecilla de grupo y que fue detenido mediante orden judicial el pasado  25 de noviembre en el corregimiento de Gaitania, jurisdicción de Planadas Tolima, sur del Tolima, por el CTI de la Fiscalía, y efectivos del  Ejército y la Fuerza Aérea.

El procesado se encontraba en una de las zonas veredales, creadas al término de los acuerdos de paz para acoger a los desmovilizados del grupo alzado en armas y acompañarlos en el proceso de reincorporación a la vida civil. Varias personas que estaban con él se opusieron a que fuera capturado y sacado de la zona, generando una asonada contra los uniformados que realizaban el procedimiento.

Suárez Rubio, conocido con el alias de Tomate, fue imputado por la Fiscalía por los delitos de tentativa de extorsión, extorsión, desplazamiento forzado agravado, concierto para delinquir agravado, hurto y porte ilegal de armas de fuego, partes o municiones.

Según el representante de la Fiscalía, las víctimas fueron alrededor de 19 personas habitantes de fincas de los municipios de Salento Quindío, Cajamarca, Chaparral e Ibagué Tolima, desde el año pasado hasta la fecha.

Se presume que él sindicado, en compañía de otras personas, vistiendo camuflados y armas de corto y largo alcance, llegaban a las  fincas y después de  intimidar a sus víctimas exigían  altas sumas de dinero a nombre del ELN, o de lo contrario acabarían con sus vidas y la de sus familias.

De igual manera, en octubre del año 2017 lograron que una familia compuesta por una pareja, sus dos hijos y un nieto estos últimos menores de edad abandonaran su vivienda en zona rural de Chaparral, al verse presionados por la exigencia de $20.000.000, posterior haber estado  retenidos  por varias horas, por lo que tuvieron que abandonar su territorio, concluye el ente investigador.

Por todos estos delitos, el imputado quien no aceptó los cargos y fue privado de la libertad en centro de reclusión, se enfrentará a una pena de por lo menos 20 años de prisión, en caso de ser hallado responsable.

Es de anotar que el procesado purgó una condena desde el año 2013 y hasta el año pasado, por los delitos de rebelión y secuestro, siendo liberado con la firma de los acuerdos de paz.

Fuente: www.ambeimafm.com


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